Neo Carmona
Pero mientras
llegamos a ese nivel ideal de desarrollo, consciencia colectiva y sentido
común, el legislador está en la obligación de garantizar que las mujeres, niñas
y adolescentes; pobres y vulnerables, que se vean en la necesidad de recurrir a
esta práctica, no sigan perdiendo sus vidas con abortos clandestinos. Las
ricas, evidentemente, no tienen ese problema. Pues lo pueden hacer de forma
segura fuera del país. Pero también dentro, porque ni que nos fuéramos a llamar
a engaño.
El oscurantismo
religioso, la doble moral política y la hipocresía descarada no pueden seguir condenándonos
como sociedad y condenando a nuestras mujeres, niñas y adolescentes a una
muerte y traumas inminentes con embarazos incompatibles con sus vidas y productos
de violaciones e incestos.
Y si no pueden ni
siquiera garantizar las tres causales que darían paso, no a más abortos sino a
que se practiquen de forma segura y sin riesgos para las mujeres, de qué nos
sirve tener un código penal, un legislador y llamarnos un Estado de Derecho.
El presidente Luis
Abinader está en la obligación moral no solo de observar el código si se
aprobase sin las causales, sino también de propiciar, como líder del país y del
partido que ostenta la mayoría en el Congreso Nacional, que sus legisladores y
legisladoras aprueben un código penal que incluya, como mínimo, las tres
causales. Tal y como se hace con los cuantiosos préstamos internacionales: de
urgencia, en dos lecturas consecutivas y sin discusiones infames.
Es tiempo ya de
marcar el rumbo que nos saque de la ignominia, el ostracismo y la vergüenza.
El autor es
dominicano
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